¿Qué es el gasto público?
Se define como gasto público a aquella inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones.
Un gasto público, por ejemplo, consistirá en ofrecer a los ciudadanos ciertos servicios públicos.
En definitiva, el gasto público comprende el gasto total que realiza el gobierno, tanto en la compra de bienes y servicios como en el otorgamiento de subvenciones.
Características del gasto público
El gasto público cuenta con las siguientes características:
- Debe ser ejecutado por una entidad pública.
- Su inclusión como crédito presupuestario necesitará de una autorización, por parte de las cortes generales, que le permita utilizar recursos públicos para cumplir con los objetivos expuestos en los programas presupuestarios.
- Es de carácter vinculante y limitativo, pues no puede excederse del total de gasto que ha autorizado el poder legislativo.
- Su finalidad debe ser de utilidad pública.
- Debe solventar y satisfacer las necesidades de una comunidad.
Clasificación del gasto público
El gasto público puede clasificarse en:
- Administrativo: gastos que efectúan dependencias y entidades públicas con el fin de ofrecer servicios públicos, seguridad, servicios comunitarios, viviendas, sanidad, transporte y otros servicios económicos.
- Económico: identifica y agrupa los egresos del sector público en categorías similares y determinadas, de acuerdo con las características económicas de la transacción. El gasto público económico permite destinar y clasificar los gastos, según su finalidad económica, en gastos corrientes, de capital, aplicaciones financieras y transferencias.
- Funcional: organiza el gasto público de acuerdo con la naturaleza de los servicios que brindan las entidades públicas a la comunidad. El gasto público funcional permite establecer los objetivos generales y los medios por los cuales estos se pretenden lograr.
Ejemplos de gasto público
Algunos gastos públicos que realiza el Estado comprenden:
- Educación, seguridad, salud pública, sueldo de funcionarios.
- Construcción de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, pavimento de calles, etc.
- Gastos de oficina del gobierno.
- Alumbrado público y subsidios de luz.
- Salarios de empleados estatales.
Importancia del gasto público
El gasto público es uno de los elementos más relevantes dentro de la política económica de un país, ya que permite al Estado y sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad.
Gracias al gasto público pueden sufragarse gastos de servicios como seguridad, justicia, sanidad o educación.
Una mala administración de este gasto puede conducir a una devaluación o ajuste que perjudique la economía del país.
PRINCIPIOS DEL GASTO PÚBLICO
Eckstein (1965) planteó la interrogante sobre ¿si pueden darse algunos principios que guíen el gasto público? Al respecto opina que es el proceso político en general el que determina los gastos gubernamentales, mientras que las decisiones específicas se adoptan en la elaboración del presupuesto, que es una exposición detallada de los gastos e ingresos previstos por el gobierno para un año .
Para establecer los principios que guíen el gasto público se debe tomar en cuenta los fines que se quieran alcanzar y que pueden ser, desde reducir el gasto público al mínimo posible para que interfiera lo menos posible con la iniciativa privada, no importando las consecuencias negativas que ello pudiera causar y manteniendo una tendencia liberalista o desreguladora. El caso contrario sería procurar que el gasto público alcance el nivel más alto posible para tener el gobierno gran influencia en la economía, lo cual lleva a un tendencia intervencionista, reguladora e incluso estatista en la actividad económica del país. De acuerdo a estos dos postulados es como se tiende a establecer los principios del gasto público. Sin embargo, también existen ciertos principios de tipo general que pueden ser aplicados en ambas situaciones; estos principios no se excluyen mutuamente, pero en sí son diferentes.
En lo referente a los principios del gasto público, dos autores proponen algunos principios de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero de ellos es Harold Sommers (1967) quien nos dice que son cuatro los principios que deben orientar el gasto público y con base a ello decidir acerca de la magnitud y naturaleza del gasto. Los principios son los siguientes:
Principio del Gasto Mínimo.
Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada.
Principio de la Máxima Ocupación.
Principio del Máximo Beneficio.
El Principio del Gasto Mínimo afirma que el gobierno debe gastar lo menos que sea posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como sería no gastar en la policía y el ejercito que representan la seguridad interna y externa del país), así mismo sólo debe intervenir en algunos servicios esenciales como la administración de justicia, construcción de caminos o servicios postales, y enfatiza que cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada debe ser excluido de los gastos del gobierno.
El principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, dice que los bienes y servicios que proporcionen las entidades públicas no deben competir con los que ya proporcionan la iniciativa privada y establece que el gobierno no debe crear comercios al menudeo ni de bienes, ni servicios, que no sean básicos a la población.
El Principio de Máxima Ocupación se refiere a la función como instrumento que tiene el gasto público en ocasiones, con la finalidad de elevar el nivel de empleo ante un déficit de oferta laboral por parte de la iniciativa privada como en épocas de depresión o falta de inversión para creación de empleos. Al tratar de basarse en este principio se debe tratar de respetar el principio de interferencia mínima con la iniciativa privada y cuando se rompe tal principio las consideraciones deben ser aplicables si la finalidad es lograr la máxima seguridad social, el mayor ingreso nacional o un mayor nivel de vida.
El Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Público, se refiere sobre el máximo beneficio colectivo, y dice que cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal social sea mayor. La “desutilidad” marginal social de un peso obtenido por medio de impuestos debe ser igual a la utilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor forma posible. El problema de este principio radica en cual es en la actualidad el mejor bienestar público. Este principio puede considerarse como un complemento útil de los tres principios primeros.
Si continuamos analizando los cuatro principios, se puede inferir que el principio de máxima ocupación obedece a una política estatista mientras que el principio del gasto mínimo es la otra cara de la moneda, pues su fundamento es liberalista o de mínima intervención gubernamental. Sin embargo, ambos comparten los principios de mínima interferencia con la iniciativa privada y de máximo beneficio.
El otro autor que nos enuncia algunos principios sobre el gasto público es Eckstein (1965) y sus principios son los siguientes:
Principio de los Beneficios y los Costos Marginales.
Principio del Menor Costo.
Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos.
Principio de Contratos con Incentivo para las Adquisiciones Gubernamentales.
Principio de Mejoras en el Curso de la Toma de Decisión.
El Principio del Menor Costo nos dice que los gastos de todo objetivo público se deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del último peso gastado sea mayor o por lo menos igual al peso del costo. Este principio sólo es aplicable a algunos gastos públicos, pues las situaciones reales están siempre sujetas a error. Además, si lo anterior no fuera suficiente, la propia definición de beneficio no supone acerca de quién reporta los costos. Así mismo no basta analizar simplemente valores monetarios de los beneficios o costos, sino se debe considerar los efectos de la redistribución de la riqueza en activos intangibles como el caso de la educación, la investigación, la administración de justicia, etc., en donde no es aplicable este principio, pues sus efectos directos no son medibles en el corto plazo o en términos económicos. Su aplicación puede llevarse a cabo en los casos de producción de energía, servicio de transporte y en su mayor parte en obras públicas en que los beneficios son ante todo económicos, tangibles y mensurables.
El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo es más simple y pragmático que el anterior y a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en grado creciente. Se basa en la idea de buscar la solución del problema a menor costo, pero no sólo económico sino también incluye el aspecto social.
El Principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos establece que el gobierno puede proporcionar dicho servicios gratuitamente, subsidiarlos o cobrarlos a precio de mercado. Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso máximo pero puede conducir al despilfarro, mientras la fijación de precios es en gran medida una cuestión de eficiencia económica. La regla de la fijación de precios es que éste sea igual al costo marginal. En la práctica los gobiernos suelen proporcionan sus servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o la influencia de ciertos grupos sociales.
El Principio sobre Contratos con Incentivos para las Adquisiciones Gubernamentales busca que el proveedor del gobierno ofrezca los planes más ventajosos de crédito, calidad y disponibilidad para beneficio general de la comunidad, y que los contratos gubernamentales otorgados no sólo sean por compromisos particulares. Si se considera al gobierno como el mayor cliente en muchos casos, el no establecer este principio puede degenerar en una distorsión de la función real de las compras gubernamentales.
Sobre el último Principio Relativo a las Mejoras en el Curso de la Toma de Decisiones se sugiere que la estructura del gobierno sea tal, que determinada secretaría, ministerio o institución gubernamental sea responsable en relación con un objetivo determinado, no existiendo competencia intergubernamental. Esto favorece a sus respectivas entidades o dependencias. Este principio nos indica que la información se debe de organizar de tal manera que los responsables de la política económica tengan a la vista las alternativas más importantes, incluyendo los costos estimados no sólo del año en curso, sino de sucesivos años. Hay que recordar que la acción gubernamental en materia de gasto público no se puede limitar a estimaciones de corto plazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario